EN JUJUY UNA TARJETA PONE EN VILO A LA CIUDADANIA

San Salvador de Jujuy, 21 de Febrero de 2007.-


Escribe Saúl Fabio F. Maldonado
Miembro del Consejo de Administración
de Fundación TUJUME

En la Provincia de Jujuy se vive por estos días una tensa situación que afecta a uno de los derechos humanos más emblemáticos, la salud, y que vino a instaurar un clima de incertidumbre y encendida necesidad de todos los jujeños por conocer qué es lo que sucede con la obra social más importante de Jujuy desde hace 41 años, conocida como Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ).

El ISJ nació bajo dos decretos de fecha 22/09/1965 y 31/12/1965, con el objeto de coadyuvar al Estado Provincial a la promoción, protección, reparación y rehabilitación de la salud de sus habitantes.

Hernán Miranda, conocido médico pediatra y presidente de Fundación TUJUME (entidad dedicada a promocionar y difundir la educación para la salud) expresa cuando se refiere al Instituto de Seguros de Jujuy: “... Esta obra social tan nuestra, es excepcional. Su permanencia en el tiempo evidencia su solidez estructural que le permitió sobrevivir a tantas calamidades socio-políticas que pulverizaron a otras queridas y añoradas instituciones jujeñas que parecían indestructibles...”.

¿Qué es lo que pasa por estos días en Jujuy que movió a este delgado y calmado médico de niños a pronunciar con nostalgia y decepción estas palabras?

Todo comenzó con la Resolución N° 109-ISJ-2006 del 25 de Abril de 2006, que aprueba la propuesta de dos empresas, NOA CARD S.A. y SEMED S.R.L., para que se conviertan en proveedoras de servicios de cobertura y financiación de coseguros médicos y otros “beneficios” exclusivos otorgados por TARJETA NOA EXPRESS para los afiliados al ISJ. De esta forma se pretende cambiar la vieja credencial de identificación del afiliado a la obra social estatal por una tarjeta magnética “multiservicio”.

Hasta aquí nada hace pensar que pudiera haber algo espurio en esta decisión de la obra social del Estado de Jujuy, pero comenzaron a conocerse denuncias de médicos, políticos, asociaciones de profesionales y de consumidores, coincidiendo todas ellas en que se gestó un “negocio multimillonario” con aquella Resolución 109, medrando algunos empresarios (con la complicidad del Estado) valiéndose de la salud de los jujeños. Actualmente el ISJ tiene aproximadamente 150.000 beneficiarios, en su gran mayoría empleados públicos, que por ley están afiliados obligatoriamente al ISJ. Esta afiliación asegurada inspiró a algunos a hacer números y nació un negocio redondo que tiene garantizado su éxito por toda esa masa de mujeres y hombres que debe cubrir el ISJ.

Lo que aparece como descabellado en toda esta historia es que “la política del dedo y las decisiones tomadas entre gallos y medianoches” se mantiene vigente en una provincia donde todos se conocen, no necesariamente por ser pueblo chico infierno grande, sino porque el poder está distribuido entre familiares, sean consanguíneos o políticos; así también el amiguismo y los intereses económicos y partidistas juegan su rol preponderante en esta máquina de picar carne que es el poder absoluto, que corrompe absolutamente.

En Jujuy desestimaron la inteligencia del pueblo al pretender favorecer a dos empresas que graciosamente se acercan a los directivos del ISJ para ofrecerles seductores servicios de cobertura en salud, y otras ventajas de extraña naturaleza si se relacionan estrictamente con el derecho a la salud. Los funcionarios del ISJ al parecer olvidaron que existe una forma legal para que la Administración Pública Provincial pueda celebrar contratos referidos a cualquier servicio público: la licitación pública, consagrada por ley para asegurar la mayor cantidad de oferentes, la igualdad de condiciones y la transparencia en el proceso de negociación, permitiendo al final del procedimiento de puja que el Estado pueda elegir -entre todas las propuestas- la que ofrece servicios de mejor calidad y al más bajo costo para el erario público, y como en este caso se habla de cifras millonarias en concepto de ganancias para ciertos empresarios actualmente en la función pública (ganancias que no quedan precisamente para Jujuy o para los afiliados al Instituto de Seguros de Jujuy), comenzó la indignación de la gente.

Otras de las irregularidades de la Resolución 109 que impone la tarjeta multiservicio, es que omite dar comunicación al Tribunal de Cuentas de la Provincia (organismo encargado de ejercer el control de la hacienda pública, la de los municipios, entidades descentralizadas, empresas públicas, sociedades del Estado, o con participación estatal y beneficiados de aportes y subsidios) de toda la operatoria realizada por el ISJ con estas empresas.

Entre los “beneficios” adicionales que brindaría la tarjeta se encuentran compras a crédito en un supermercado de nombre Comodín, sorteos mensuales de 10 carros de mercadería por valor de $ 100, cada uno, la posibilidad de obtener puntos por el uso de la tarjeta para acceder a importantes premios. Como dice el tango Cambalache “todo es igual nada es mejor, da lo mismo un burro que un gran profesor”. En Jujuy comprar mercadería o la posibilidad de obtener un premio de algún supermercado se encuentran en el mismo nivel que la salud, gracias a la TARJETA NOA EXPRESS-SANA; como dice Jaime Barilko “El problema no es que co-existan sino que lo hagan en un mismo nivel y eso da lugar al cambalache, al nada vale nada o todo vale igual, cosa que genera angustia porque en algún momento tenés que elegir, y ahí necesitás pensar, en términos de jerarquías, qué vale más”. En síntesis, el ISJ llora la Biblia junto al calefón.

Los jujeños se preguntan ¿por qué no se llamó a una audiencia pública el año pasado para informar con lujos de detalles sobre el proyecto de la tarjeta multiservicio, por qué se soslayó el derecho a la información de todos los afiliados al ISJ y a la ciudadanía en general? Sabemos que sin participación no hay democracia, pero la participación se hizo presente en Jujuy cuando frente a las denuncias en distintos medios de comunicación y una denuncia de carácter penal por supuesto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la Administración Pública, malversación de caudales públicos, realizada por el partido Líder (Libertad y Democracia Responsable), hicieron que el Gobernador Eduardo Fellner, dictase un Decreto por el cual se suspende la entrega de las tarjetas a los afiliados.

Hoy existe en Jujuy un silencio que puede significar el fin de la tormenta o el inicio de otra tempestad, no lo sabemos, pero los funcionarios públicos deben rendir cuentas a los afiliados y al pueblo de Jujuy. Talvez rueden algunas cabezas, eso sucede cuando el pueblo se une para defender sus derechos, pero roguemos que a los jujeños nos los una el espanto sino el amor a sus instituciones, a su provincia y a sus derechos.


JUJUY- REPUBLICA ARGENTINA